29/09/2026
El ordenamiento migratorio en Chile acaba de dar un giro estructural. La Comisión Mixta aprobó por unanimidad la reforma que entrega facultades inéditas a la PDI, perfeccionando los mecanismos de expulsión administrativa. Este cambio busca destrabar un cuello de botella crítico: la imposibilidad material de concretar cientos de deportaciones.
Hasta hoy, las autoridades enfrentaban un grave vacío operativo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que la PDI carecía de facultad legal para ingresar a una vivienda y detener a un individuo con orden de expulsión vigente. Esta severa limitación convertía las resoluciones judiciales en simples oficios sin ejecutar.
Con esta medida, calificada como una innovación decisiva, el escenario cambia de forma drástica. Las claves técnicas de este acuerdo, que avanza rápidamente hacia el Senado y la Cámara, se estructuran en tres pilares que impactarán la seguridad pública:
1. Ingreso a domicilios: La PDI pedirá autorización a un juez de garantía para ingresar a hogares privados con el fin exclusivo de aprehender a personas con orden de expulsión firme y ejecutoriada.
2. Aumento de sanciones: El plazo de prohibición de reingreso al país para infractores expulsados se eleva significativamente de tres a cinco años, buscando desincentivar con fuerza el retorno.
3. Expulsión inmediata: Se habilita la deportación automática de extranjeros irregulares formalizados o acusados por delitos menores, con penas que no superen los tres años y que no registren condenas previas.
Esta reforma entrega herramientas reales para ejecutar mandatos que antes quedaban estancados burocráticamente, respondiendo a la exigencia de mayor control territorial.
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