28/07/2026
El aumento a la tarifa: una medida necesaria para conservar el transporte público
El posible aumento a la tarifa del transporte público ha generado preocupación entre los habitantes de El Centenario, Chametla y La Paz. Entendemos esta inquietud, porque cualquier incremento representa un esfuerzo adicional para las familias. Sin embargo, también es importante explicar por qué mantener la tarifa actual ya resulta insostenible para quienes prestamos el servicio.
Durante años, los concesionarios hemos absorbido de manera gradual el incremento del combustible, las refacciones, las llantas, los seguros, los salarios y el mantenimiento de las unidades, procurando que estos aumentos no recayeran inmediatamente en los pasajeros.
En 2016, el precio máximo del diésel era de aproximadamente $13.77 por litro. Actualmente, en La Paz, su costo ronda los $30 por litro. Esto significa que el diésel ha aumentado $16.23 por litro, equivalente a un incremento aproximado del 117.9%. En otras palabras, hoy cuesta más del doble que hace diez años. El precio de 2016 puede verificarse en los comunicados oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para dimensionar este impacto, una unidad que consume aproximadamente 100 litros diarios necesitaba cerca de $1,377 al día para combustible en 2016. Actualmente requiere alrededor de $3,000 diarios. La diferencia es de $1,623 por día por cada unidad, sin considerar el sueldo del operador, las llantas, las reparaciones, los seguros ni los demás gastos administrativos.
A este gasto se suman llantas que pueden costar aproximadamente $10,000 cada una, mantenimientos de motor cercanos a $7,500, servicios de transmisión de alrededor de $7,000 y reparaciones correctivas que, dependiendo de la falla, pueden representar decenas de miles de pesos.
No se trata de elegir entre el concesionario y el usuario
Los concesionarios también formamos parte de la comunidad. Conocemos personalmente a muchos de nuestros pasajeros y sabemos que estudiantes, trabajadores, adultos mayores, personas con discapacidad y familias enteras dependen diariamente del transporte público.
Por eso hemos mantenido el servicio durante años, aun cuando los gastos crecieron mucho más rápido que la tarifa. Sin embargo, llega un punto en el que continuar trabajando con ingresos insuficientes provoca que las unidades no puedan recibir el mantenimiento necesario, permanezcan detenidas por fallas mecánicas o que el servicio tenga que reducirse o suspenderse.
El verdadero riesgo no es únicamente el aumento de unos pesos en el pasaje. El riesgo es que, si no existe una tarifa económicamente viable o algún apoyo gubernamental, las comunidades se queden sin unidades disponibles, sin horarios suficientes y, finalmente, sin transporte público.
También corresponde actuar a las autoridades
No buscamos trasladar toda la responsabilidad a los pasajeros. Las autoridades municipales deben realizar un estudio técnico, transparente y actualizado que considere el costo real del combustible, mantenimiento, refacciones, salarios, recorridos y número de usuarios.
También deben analizar mecanismos de apoyo o subsidio para proteger a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos. La tarifa preferencial cumple una función social indispensable, pero su costo no debería recaer exclusivamente sobre concesionarios que ya trabajan con gastos operativos cada vez mayores.
El aumento propuesto no debe entenderse como falta de sensibilidad hacia la población, sino como una medida para conservar un servicio que las comunidades necesitan todos los días. Lo que se busca no es obtener ganancias excesivas: se busca contar con recursos suficientes para comprar combustible, reparar las unidades, pagar dignamente a los operadores y ofrecer un transporte seguro, frecuente y confiable.
Usuarios y concesionarios no somos adversarios. Ambos necesitamos una solución justa: una tarifa que no lastime innecesariamente a las familias, pero que permita que las unidades continúen circulando.
